El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, admitió ayer en su declaración ante la jueza por su imputación en 43 posibles casos de «enchufismo» en el Ayuntamiento que contrató a militantes y simpatizantes del PSOE, si bien matizó que «también había de otros partidos» y justificó que siempre se trataba de servicios imprescindibles para la ciudad. «Hablamos de la vigilancia en las playas en Benidorm», vino a resumir tras testificar durante dos horas. «En esta ciudad, poco hay que explicar sobre estos aspectos de militancia y simpatizantes, basta con mirar en 2009, 2008, 2007...» subrayó, en alusión al gobierno del PP.
Aunque la Fiscalía ha puesto la lupa con su denuncia –por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos– en contrataciones, ascensos y prebendas de diferentes departamentos, desde Protocolo a la biblioteca, Navarro se centró exclusivamente en el personal adscrito a las instalaciones deportivas y las playas. También para poder afirmar que esas relaciones laborales ya expiraron, al tratarse de contratos temporales.
No obstante, en algunos casos, cuando no se pudo colocar a ciertos aspirantes en esas funciones, se hizo como auxiliares administrativos o de biblioteca. Y sobre la controvertida figura del criminólogo municipal, único en España, su abogado defensor lo calificó de «nimio» y justificó la creación de una plaza por el tamaño de Benidorm y sus necesidades.
«Semáforo» legal
Es más, Navarro se ufanó de haber puesto «el semáforo» para ver si en Recursos Humanos todo se hacía conforme a la legalidad, después de años y años en que el PP –a su entender– empleara sin control. Tanto es así, que el interventor municipal ahora sí puede «fiscalizar» los contratos y así lo había alabado en un informe, según el alcalde. Pero en la investigación únicamente se alude al interventor municipal por sus advertencias en contra de los pluses de productividad desorbitados de entre 500 y 1.000 euros mensuales. Sobre estos complementos retributivos, Navarro recalcó que «estos procesos se han justificado todos» no solo en su declaración, sino también en la documentación requerida por el juzgado al Ayuntamiento y en la aportada por su abogado. Sí reconoció que el interventor constató un «desfase presupuestario», que el alcalde sencillamente justificó porque se producía todos los años desde tiempo atrás.
Y aseguró que la Relación de Puestos de Trabajo en 2010 y 2011 pasó hasta cuatro controles, se aprobó por el Pleno y el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) lo refrendó, aunque posteriormente la haya denunciado. De hecho, la documentación aportada por el SPPLB a la Fiscalía motivó que el caso acabase en el juzgado.
Simples «contenciosos»
Partiendo de su condición de imputado, el alcalde socialista dejó clara su estrategia de eludir al vía penal para que no se le juzgue por delitos, y que todo quede reducido a posibles irregularidades administrativas. No obstante, y pese a que Navarro le restase importante, el fiscal presentó la denuncia por vía penal.
En varias ocasiones, insistió en que las contrataciones podrían haberse recurrido individualmente con simples «contenciosos» –algo que, en realidad, han hecho tanto el SPPBL como el sindicato CSIF–, y achacó la denuncia a una «motivación política». Navarro obviaba así que fue la Fiscalía quien lo denunció, tras recibir la citada documentación del sindicato.
En cuanto a la contratación de familiares, Navarro admitió solamente un caso –a su entender «rebuscado»–, el de «la hermana del hijo de una prima mía», o sea, una sobrina segunda, aunque él lo expresase de forma más embrollada. En realidad, fueron dos hijos de su prima, Miguel S. P., adscrito al gabinete de Alcaldía con un sueldo de 2.817,5 euros netos al mes, y Ana S. P., que se presentó como vigilante de instalaciones deportivas, aunque finalmente acabó colocada como auxiliar administrativa, tal como desveló ABC.
Preguntado acerca de la ley estatal que restringía los refuerzos de personal por la austeridad, y estipulaba el control del Ministerio de Hacienda, el alcalde se escudó en que se trataba de contrataciones «urgentes» para atender la vigilancia de las playas.
Fuente: abc.es
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