En los estertores de una concesión que ha traído al gobierno local de cabeza desde 2010, el Ayuntamiento de Benidorm ha dado una vuelta de tuerca más en sus relaciones con la empresa adjudicataria del servicio de grúa y zona azul, ParkControl 2000 SL. El alcalde Agustín Navarro ha ordenado el archivo de las más de 6.500 denuncias que la mercantil presentó ante el Ayuntamiento para que éste las tramitara e impusiera las correspondientes denuncias a los ciudadanos cuyos vehículos o bien carecían de tique, o bien habían excedido el tiempo de estacionamiento abonado. Así se recoge en un decreto firmado por el primer edil el pasado 12 de junio, que deja sin efecto todas las denuncias remitidas por ParkControl durante los meses de marzo, abril y mayo al Consistorio.
Como ya avanzó el pasado mayo este diario, la falta de potestad de los trabajadores de la empresa para imponer sanciones, unido al hecho de que la Policía Local apenas actúa sobre los vehículos aparcados en zona azul siempre que tengan tique, llevó a la mercantil a utilizar la fórmula de denuncias voluntarias que permite la ley para pedir que éstas se tradujeran en multas. Para ello, la mercantil documentó más de 6.500 denuncias, al parecer, realizadas por sus controladores.
No obstante, el decreto en el que el Ayuntamiento acuerda su archivo justifica la negativa a tramitar las sanciones en varios aspectos recogidos en un informe técnico que pone en duda este hecho. Por un lado, indica que «en ninguna de las relaciones emitidas consta el domicilio personal de los denunciantes, constituyendo por sí sola una causa de inadmisión». El escrito va más allá y mantiene, también, que «en ningún lugar de los documentos aportados aparece la voluntad personal de los controladores de efectuar denuncias por posibles infracciones, sino que aparecen una serie de relaciones listadas por la empresa en la que prestan sus servicios, limitándose a estampar su firma en los lugares destinados al efecto». A juicio del técnico informante, este hecho evidencia «que los controladores firmantes no denuncian motu propio, sino por una obligación de trabajo impuesta».
Otros defectos formales
Además, el expediente menciona otras muchas deficiencias de forma en estas denuncias, como que se aportan documentos con el membrete de SUMA para que sea este organismo quien los gestione, a pesar de no le está asignada esta función; que la tramitación de denuncias voluntarias no se puede realizar hasta que la empresa ponga en marcha un Sistema de Control Centralizado; que el Ayuntamiento no tiene medios personales para depurar todas y cada una de las denuncias; o que los actuales parquímetros no permiten el pago con tarjeta de crédito y el prepago, como era obligación de la concesionaria en el pliego; entre otros aspectos.
Fuente: diarioinformacion.com
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