Benidorm (Alicante), 5 may (EFE).- El Ayuntamiento de Benidorm solicitará al Gobierno central permiso para poder contratar diez agentes interinos de Policía Local para destinarlos a la vigilancia de las playas durante los meses de verano.
La propuesta ha sido aprobada con los votos del Gobierno local y el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, mientras que el PP se ha abstenido por una cuestión de forma tras presentar una enmienda -que no ha sido aceptada- para corregir "defectos" de la moción, presentada por el edil de Seguridad Ciudadana, José Marcet.
En el debate plenario, Marcet ha afirmado que existe una necesidad "urgente e inaplazable" de reforzar la presencia de agentes de la Policía Local para "garantizar la calidad" de la vigilancia en las playas ya que los actuales efectivos "son insuficientes".
El concejal ha recordado que en los años 2010 y 2011 ya se concretó este refuerzo, que fue valorado positivamente por la Jefatura de la Policía Local y por el área de Playas.
En años posteriores no se hizo por las limitaciones de gasto y contrataciones que imponían el plan de ajuste y la legislación estatal.
Por su parte la edil de Turismo, Gema Amor, ha asegurado que "invertir en la seguridad y las playas es invertir en la imagen de nuestro destino" y ha añadido que "hay que evitar circunstancias como las que se produjeron el año pasado" en el que hubo muchas quejas por la presencia de cuberos y masajistas.
Fuentes municipales han explicado que la intención del Ayuntamiento es contratar por cuatro meses a estos agentes interinos, que supondrían un gasto de alrededor de 128.000 euros.
Ahora el Ayuntamiento deberá remitir a la Subdelegación del Gobierno de Alicante el acuerdo plenario en el que se deja constancia de la necesidad de contratar a estos agentes.
Una vez cumplido este trámite será la Subdelegación la que informe si Benidorm cumple todos los requisitos y puede reforzar la plantilla durante la temporada alta.
Por otro lado, la corporación ha aprobado por unanimidad pedir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que adapte los protocolos de desembalse a las características de cada pantano, después de que en el último trimestre de 2013 se desembalsaran más de 8,7 millones de metros cúbicos de agua de las presas de la comarca, que ahora se encuentran "un 39%" por debajo de los niveles del año pasado.
Además, el gobierno local ha dado luz verde a la adjudicación de la explotación de la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports l'Illa a la empresa que en los últimos meses ha gestionado ambos servicios tras el abandono de la anterior concesionaria.
También, esta vez con el apoyo del no adscrito, se va a solicitar al Consell Jurídic Consultiu que certifique si uno de sus miembros, el abogado Enrique Francisco Fliquete, puede estar "incurso en causa de inhibición" a la hora de participar del dictamen que le ha solicitado el Ayuntamiento para resolver el contrato con la concesionaria de la zona azul y la grúa.
La edil de Movilidad, Mª Carmen Martínez, ha explicado que Fliquete fue el abogado que representó en su día al PP en la querella que interpuso contra el alcalde, Agustín Navarro, y el ex concejal tránsfuga José Bañuls por presunta "prevaricación continuada" por la anterior resolución del contrato. Tanto Navarro como Bañuls están imputados por este asunto.
Fuente: lasprovincias.es
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