jueves, 22 de mayo de 2014

Los hoteles cifran en 10 millones al año el desvío de turistas por el intercambio de pisos

Poner cerco a un mercado que, pese a no ser nuevo, ha proliferado enormemente por el auge de los grandes portales de internet. La patronal turística de Benidorm y la Costa Blancareclamó ayer una legislación que regule por igual en todo el país el intercambio de apartamentos con fines vacacionales –o lo que se conoce en el sector como modelo de comercialización «P2P», «negocio entre iguales»–, debido a la importante competencia que este tipo de alquileres generan a la oferta de alojamiento reglado.
Lo hicieron esgrimiendo un informe elaborado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), basado en datos de estas plataformas, según el cual los hoteles y otro tipo de empresas «legales»pierden al año cerca de 10 millones de turistas en España debido al importante desvío de clientes hacia este tipo de oferta.
La necesidad de regular de algún modo el intercambio o alquiler de este tipo de viviendas vacacionales fue uno de los puntos de debate en el foro empresarial organizado en Madrid por el portal turístico Hosteltur, en el que se dieron cita representantes del sector de todo el país. El presidente de Hosbec, Antonio Mayor, reconoció que este mercado «es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria hotelera», con especial relevancia en destinos de sol y playa, como la Costa Blanca, y en las grandes ciudades.
De hecho, sólo en la provincia de Alicante la mayor web dedicada a este tipo de negocio, AirBnB, dispone de una cartera de mil alojamientos de todo tipo, entre los cuales se puede alquilar un piso en el centro de Benidorm desde 25 euros al día o un ático de lujo de 120 metros cuadrados frente a la playa de Levante por 62 euros diarios.
«El alojamiento turístico en viviendas privadas ha explotado en el mercado y ya está lejos de ser una práctica meramente colaborativa entre particulares, para ser un modelo de negocio que genera pingües beneficios» para las distintas plataformas, según apuntaron ayer desde la patronal. Y lo mismo manifestó su presidente. Según Mayor, «ésta es una de las modalidades de economía sumergida más toleradas, sin que las autoridades públicas competentes hayan hecho nada eficaz todavía, al menos para controlar el fraude fiscal que suponen».
Como ejemplo, basta con recordar que, en la mayoría de los casos, este tipo de alquileres se realizan al margen de impuestos y tributación, pero también «sin ninguna certeza en el cumplimiento de las medidas de seguridad, de higiene y de carácter sanitario, control por parte de la Policía ni licencias municipales de actividad», manifestaron desde Hosbec, lo que hace, a todas luces, que puedan ofrecer una «ventaja competitiva en precios» al no tener que hacer frente a las mismas obligaciones que la oferta reglada.
Aunque las competencias en materia turística están transferidas a las comunidades autónomas, la industria hotelera reclama que la legislación en este asunto sea de carácter nacional, para que no ocurra como con la normativa sobre apartamentos turísticos, donde en cada zona hay una regulación distinta. El presidente de Hosbec, incluso, fue más allá y ayer consideró que «debe ser Europa la que establezca una regulación uniforme para todo el territorio de la UE, pues es un problema que afecta a todos los destinos».

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