martes, 20 de mayo de 2014

Benidorm suspende el expediente para resolver el contrato de la zona azul hasta que se pronuncie el CJC

Toda la documentación que ha recopilado el Ayuntamiento para resolver el contrato con la empresa de la zona azul y la grúa, ParkControl 2000, ya está camino de Valencia para que la estudie con detalle el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y diga si, a su juicio, Benidorm puede rescatar esta concesión tres años antes de lo previsto. Y hasta que reciba respuesta, el Ayuntamiento ha decidido suspender temporalmente este expediente. Básicamente para que el tiempo no corra, porque la normativa marca que este tipo de expedientes deben completarse en un plazo máximo de tres meses y ya ha pasado más de mes y medio desde que se abrió.
La opinión del CJC no es vinculante, aunque sí preceptiva para poder resolver el contrato. Es decir, el Ayuntamiento puede poner punto final al contrato con ParkControl aunque el Consell opine lo contrario. De hecho eso fue justamente lo que ocurrió con el primer intento de resolver el contrato en 2010. Un intento por el que el alcalde, Agustín Navarro, y el ex edil de Movilidad y ahora asesor de ese área, José Bañuls, están imputados por un presunto delito de prevaricación continuada.
Aunque este dictamen no es determinante, el Ayuntamiento espera tener esta vez de su lado al CJC. Y para ello ha elaborado un expediente “muy completo”. Fuentes de Movilidad han indicado que se ha enviado al órgano consultivo el informe de la dirección facultativa que evidencia los numerosos incumplimientos del contrato por parte de la empresa y también los informes elaborados por Contratación, Intervención y Secretaría, así como las alegaciones presentadas por la empresa y por la Agencia Tributaria. Y es que también se ha dado audiencia a la Agencia Tributaria, más que nada porque tiene incautada la recaudación de la zona azul y la grúa por los 1,8 millones de euros que le debe ParkControl.
Al parecer la empresa ha vuelto a alegar que hay un “desequilibrio económico” en la concesión y que el Ayuntamiento no ha puesto “los medios” necesarios para evitarlo. Algo que ya rechazó hace años un juzgado, que dejó claro que Benidorm no era responsable de esta situación.
Justamente lo que el PP quiere saber es exactamente qué documentación se ha enviado al CJC, algo de lo que el gobierno no le ha informado. De ahí que el portavoz popular, Antonio Pérez,  haya pedido este lunes “que nos den copia foliada y certificada del expediente que se ha remitido”, no porque desconfíe de que falte algún papel sino porque teme que el gobierno encadene “chapuza tras chapuza” en esta nueva resolución “como pasó con la anterior”.
Pérez ha lamentado esta falta de información y también que se haya tardado “45 días” en enviar al CJC el expediente para que se pronuncie. Según el portavoz del PP, este retraso no tiene sentido y sólo va a provocar que la cuestión se demore aún más. Algo que lo que, ha añadido, no se podrá culpar al órgano consultivo, que tiene sus propios plazos. Concretamente la ley marca que de forma ordinario el CJC emitirá sus dictámenes en un plazo máximo de 30 días desde que reciba la documentación -aunque en 2010 tardó casi el doble-. Pero como el Ayuntamiento se lo ha pedido con carácter urgente tendrá 10 días.
Desde el gobierno han señalado que han pasado 45 días desde que se inició el expediente hasta que se ha enviado al CJC porque “queremos hacer las cosas bien y no con prisas”.
Mientras la empresa sigue a lo suyo, planteando una subida de tarifas de la zona azul y la grúa e intentando que el Ayuntamiento tramite por SUMA más de mil multas puestas por controladores sin supervisión de un agente de la Policía Local. Algo que Benidorm no tiene intención de hacer al menos de momento, porque no se cumplen los requisitos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario