Las consecuencias pueden ser espectaculares, particularmente en Benidorm, donde el Ayuntamiento ya inició junto con Suma la regularización de las construcciones que aún siendo legales no habían sido declaradas, como las piscinas de los chalés, “lo fácil”, en palabras de la Concejala de Hacienda, Natalia Guijarro. Han aflorado en total unas 250 omisiones, que le pueden suponer al Ayuntamiento unos ingresos de 1,5 millones de euros extraordinarios en el Impuesto de Bienes Inmuebles de 2015.
Pero la Resolución de 22 de abril de 2014 de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan los municipios y el período de aplicación del procedimiento de regularización catastral va mucho más allá, porque su objeto es “la incorporación al Catastro Inmobiliario de los inmuebles urbanos y de los inmuebles rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en los supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación, con el fin de garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria”. En román paladino: cualquiera que tenga una ilegalidad urbanística va a tener que pasar por caja.
De momento porque la regularización de las descripciones catastrales de los bienes inmuebles resultantes de este procedimiento conlleva la liquidación de la tasa de regularización catastral, un tributo de carácter estatal de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización, que debe ser abonada por quien sea el titular del recibo del impuesto. Además, cada ayuntamiento podrá cobrar hasta los cuatro años anteriores del IBI de la construcción ilegal no declarada. Y, a mayor abundamiento, si la Dirección General del Catastro, aunque no es su tarea final, descubre infracciones urbanísticas cometidas hace menos de cuatro años, cada Ayuntamiento podrá actuar hasta incluso llegar a completar un expediente de restauración de la legalidad urbanística.
La amplitud de esta regularización lo incluye todo, excepto los famosos retranqueos de Benidorm, a los que no hay forma de encontrarles un encaje legal. Pero en la capital turística valenciana, por ejemplo, se aprobó una bonificación hotelera tras la que varios establecimientos de la ciudad aumentaron hasta en un 40% más su volumetría, por la que ahora deberán tributar. Eso por no hablar de los edificios con más alturas de las permitidas o los sobreáticos levantados fuera de ordenación. Ahora mismo, es incalculable lo que esta regularización le puede suponer a la ciudad, pero es seguro que la recaudación por el IBI se incrementará en varios millones de euros.
Este procedimiento de regularización catastral es de aplicación desde este miércoles, cuando se ha publicado la resolución en el Boletín Oficial del Estado y hasta el 30 de noviembre de 2014, aunque el Catastro deberá adjudicar los trabajos a Suma y otras empresas para que se encarguen de las inspecciones. Las propuestas de regularización deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses desde que se notifique a los interesados el acuerdo de inicio.
También en Dénia esperaban como agua de mayo la puesta en marcha del proceso de regularizacion catastral anunciado ahora. La actualización del catastro supondría, no en vano, una enorme inyección de ingresos con los que quitar las telarañas de la caja municipal.
Tanto esperaba esta iniciativa que, de hecho, el Ayuntamiento tiene ya mucho trabajo adelantado. Durante los últimos meses, y en contacto directo con el Catastro, se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de campo en colaboración con Suma que ha hecho aflorar miles de construcciones que o no estaban inscritas en el catastro, o lo estaban sólo parcialmente.
El resultado de la inspección desarrollada por Suma, cuyos datos se han trasladado ya al Catastro, es clarificador a la hora de dar una idea de la falta de control urbanística por parte del Ayuntamiento de Dénia durante muchos años. Y es que son más de 4.000 las construcciones con algún tipo de irregularidad que tendrá que corregirse en la ficha catastral, según los datos que aportaron en una comparecencia los concejales de Hacienda, Vicent Chelet, y de Disciplina Urbanística, María Mut.
Todo el trabajo realizado desde Suma ha permitido detectar y comunicar ya a la Dirección General del catastro, por un lado, 518 inmuebles con irregularidades de disciplina urbanística. En 461, las construcciones existentes en la parcela no se ajustaban a la licencia otorgada en su día. En el caso de las otras 57 fincas, ni siquiera constaba licencia de construcción.
Por otra parte, también se ha enviado al Catastro un fichero que incluye 3.648 modificaciones de inmuebles que van a sufrir una variación en el valor catastral por no estar declarados convenientemente. En este documento hay unos 2.400 casos donde hay variaciones de la superficie de parcela; otros tantos con modificación de la superficie construida; casi 1.300 por alteración del uso; 2.948 por haber cambiado la tipología; más de 2.600 por cambio del objeto tributario, y otros 175 por errores en el número de policía.
En resumen, la cantidad de inmuebles que estaban tributando menos por las irregularidades detectadas, tanto relacionadas con la licencia de obra como con los datos obrantes en el catastro, asciende a 4.166. A esta cifra hay que añadir que, además, se han producido 705 altas voluntarias en el catastro.
Al igual que Benidorm y Dénia, también Calp firmó en 2012 el convenio con Suma para actualizar los datos catastrales del municipio. Un trabajo que debe estar concluido este año y que servirá de base también para la regularización.
Por el momento, el Ayuntamiento todavía no ha ofrecido datos sobre los trabajos realizados en un municipio que, sólo en lo referente al padrón urbano, cuenta con más de 41.000 unidades catastrales.
Fuente: lamarinaplaza.com
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