El grupo socialista de Benidorm, que comparte el gobierno local con el CDL, llevará al próximo pleno una moción para solicitar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad Valenciana que aparte a uno de sus miembros de cualquier dictamen o informe que tenga que elaborar sobre la rescisión del contrato de gestión de la zona azul y la grúa a la empresa ParkControl 2000. Así se recoge en una moción de la concejal de Movilidad, Mari Carmen Martínez, que ya intentó que fuera aprobada por urgencia en el pleno del pasado lunes, pero que el alcalde decidió dejar sobre la mesa hasta la próxima sesión.
La propuesta de la edil recoge que uno de los miembros del CJC, Enrique Francisco Fliquete Lliso, «es quien ejerce la dirección letrada de la querella interpuesta en su día» por el Partido Popular contra el alcalde Agustín Navarro y el entonces concejal de Movilidad, y ahora asesor de este área, José Bañuls, en relación a su primer intento de rescindir la concesión, en el año 2010, por la vía de urgencia y sin informes técnicos. La juez que instruye el caso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha abierto un procedimiento abreviado contra ambos, el paso previo a la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación.
El PSOE apunta en su moción que, ante el inicio de un nuevo expediente aprobado el pasado lunes para retirar la concesión a esta mercantil, el Consell Jurídic deberá emitir un informe, no vinculante pero sí preceptivo. Y, además, traslada a esta institución que Enrique Fliquete «está incurso en una causa de inhibición en virtud de los artículos 6.3 de la Ley 10/1994 de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y 10 del Decreto 138/1996», por el que se aprueba el Reglamento que regula el funcionamiento del órgano.
Este articulado recoge que los miembros del CJC «no participarán en las deliberaciones de aquellos temas (...), cuando sean afectados directamente en su actividad e intereses» y que «tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de asuntos en los que tengan interés o que afecten a personas físicas o jurídicas con las que estén o hayan estado unidos por vínculos profesionales o de parentesco».
Consultados sobre este asunto, fuentes del grupo municipal del PP indicaron ayer que Fliquete Lliso «ya no es el abogado» de los populares en este asunto. En cualquier caso, fuentes cercanas al equipo de gobierno trasladaron que, a su juicio, «sigue habiendo una causa de inhibición» y que «su participación podría contaminar el expediente».
Fuente: diarioinformacion.com
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