El Ayuntamiento le ha presentado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) un informe con el que trata de justificar por qué, de momento, no está obligado a pagar ni a ejecutar el encauzamiento del tramo del barranco de Barceló, que este organismo le ha pedido que efectúe con premura. Esta solicitud se realizó ante el alto riesgo, según el CHJ, de que pueda producirse una inundación.
Por poner en antecedentes al lector, la Confederación, en 2009, autorizó al Ayuntamiento este proyecto, que estaba previsto realizarse entre las calles Zamora y Toledo. Con fondos del Plan E y aprovechando un plan de «Acondicionamiento de Infraestructuras del Parque Urbano Rincón de Loix» de 2009, el Consistorio encauzó desde la calle Zamora, a la altura de los campos de fútbol del Rincón, hasta la calle Ciudad Real, donde se encuentra el centro social La Torreta. La solicitud del CHJ, realizada el pasado mes de febrero a través de un requerimiento, es que se acabe el tramo que llega a la calle Toledo, pero la concejalía de Aguas se ha preparado un buen argumentario para negarse a hacerlo de manera inminente.
La primera razón que esgrimen es que estas obras «no son viables por la caducidad de la autorización otorgada», apuntan en el informe. Es decir, la Confederación autorizó este plan en 2009 y le dio 12 meses para efectuarlo, que es obvio que ya se han cumplido. Por su parte, el Consistorio, ya en 2009, pidió la anulación del proyecto, por su inviabilidad técnica y administrativa.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Benidorm considera que para poder ejecutar estas obras es necesaria la redacción de un nuevo proyecto técnico y la tramitación de una nueva autorización por parte del CHJ, ya que en la aprobación del Plan Director de Defensa contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Baixa, que promovió la propia Confederación, se contemplaban una serie de modificaciones en relación a este proyecto: la prolongación del encauzamiento actual en 735 metros y la ejecución de dos lagunas de laminación (entre la actual N-332 y la AP-7). Es decir, ahora hay que sumar esta laminación para reducir el caudal de agua que llegue al barranco, por lo que los costes, que en 2009 se estimaron en menos del millón de euros, ascienden ahora a dos millones y medio. Asimismo, esta concejalía afirma que en el Plan Director no se especifica qué organismos son competentes o deben asumir las inversiones a realizar, «no quedando determinado que sea el Ayuntamiento el que tenga que asumirlas».
Además, en este plan, aprobado hace un año, se establece que estas obras deberían ejecutarse durante el cuatrienio 2023-2027, y no ahora.
Con todo este argumentario, el Ayuntamiento le solicita a la Confederación que anule su requirimiento, y si considera que apremia la realización de estas obras, lo tramite según se recoge en el Plan Director que ellos mismos definieron, tanto en términos de inversión como de planificación. O incluso, que modifiquen el Plan Director. En definitiva, según el concejal de Aguas, José Marcet, «si les corre tanta prisa, deberían buscar otras vías de financiación alternativas a la municipal, ya que el Ayuntamiento, debido a la Ley de Racionalización, no puede ni está obligado a hacer frente a esta obra».
Con todo este argumentario, el Ayuntamiento le solicita a la Confederación que anule su requirimiento, y si considera que apremia la realización de estas obras, lo tramite según se recoge en el Plan Director que ellos mismos definieron, tanto en términos de inversión como de planificación. O incluso, que modifiquen el Plan Director. En definitiva, según el concejal de Aguas, José Marcet, «si les corre tanta prisa, deberían buscar otras vías de financiación alternativas a la municipal, ya que el Ayuntamiento, debido a la Ley de Racionalización, no puede ni está obligado a hacer frente a esta obra».
Fuente: diarioinformacion.com
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