Todos los pronósticos apuntan a que España va a batir un nuevo récord de turistas este año. Más de 61 millones de visitantes, de los que al menos la mitad se concentrará en los cuatro meses de temporada alta. Un alud de turistas que obliga a los ayuntamientos a realizar un esfuerzo complementario para garantizar la seguridad, la limpieza de las playas o la recogida de basuras, entre otros conceptos, y que no se ve compensado por el Estado, excepto en el caso de 21 municipios. Estos consistorios reciben el 2,04% de lo que recauda el Estado por hidrocarburos y tabaco. La última cesión, correspondiente al ejercicio 2011, rozó los cinco millones de euros y el más beneficiado fue Calviá (Mallorca), con 952.000 euros (ver gráfico).
Francisco González, alcalde de Mogán y presidente de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias, reclama que los municipios tengan la financiación suficiente para prestar servicios de calidad. “No se puede concebir que un país que recibe 60 millones de turistas no tenga claro a día de hoy cuáles somos municipos turísticos y cuáles no”, asegura.
La legislación española en esta materia data de 2002, fecha en la que se aprobó la Ley de Haciendas Locales. Aunque la normativa contempla una revisión cada cuatro años, lo cierto es que los criterios para ser catalogado como municipio turístico y así acceder a fondos estatales se han mantenido inflexibles en los 12 ejercicios que han transcurrido desde la fecha. Esos consistorios no pueden ser capitales de provincia, deben tener una población de derecho superior a 120.000 habitantes y deben tener más segundas residencias que primeras. Unos parámetros que tan solo cumplen 21 municipios en toda España y por los que obtienen en torno a cinco millones de euros.
Fuera de estos criterios quedan, por ejemplo, municipios como Benidorm, con más de 11 millones de pernoctaciones, pero cuyo número de segundas residencias no supera a las primeras. Eso les impide ingresar en torno a un millón de euros, que les permitiría, según fuentes del Ayuntamiento, “afrontar el fuerte incremento de gasto que tenemos en verano”. La última intentona frustrada se produjo el pasado mes de octubre, cuando el grupo socialista presentó una proposición de ley en el Congreso, que fue rechazada por el grupo popular. En ella, se instaba a que en la futura reforma local se cambiara el concepto de municipio turístico para dar entrada a muchos más ayuntamientos que no reciben ninguna ayuda.
Fuentes municipales ya se han puesto en marcha, aprovechando que la reforma fiscal se aprobará a lo largo de este verano y han iniciado las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para tratar de lograr una redefinición de municipio turístico que se adecúe más a la realidad actual. “Eso significaría un balón de oxígeno para muchos municipios que ahora mismo tienen un nivel de endeudamiento muy elevado”, apuntan esas mismas fuentes. Un buen ejemplo es Benidorm, cuya deuda ha crecido un 63% hasta situarse en el entorno de los
122 millones de euros.
La abultada, pero “asumible” deuda de Pájara
El gasto que tienen que asumir en muchos casos los municipios turísticos está muy por encima del que hacen otros consistorios de tamaño similar, lo que les obliga a recurrir con mayor frecuencia al endeudamiento. La estadística de Hacienda y del padrón del INE así lo corrobora:Benidorm encabeza ese ranking, con una deuda de 122 millones, lo que da una media de 1.664,21 euros frente a los 758,22 euros por cada ciudadano censado en España. En segundo lugar figura el municipio de Pájara (Fuerteventura), con una deuda por habitante de 1.441 euros. El consistorio presidido por el socialista Rafael Perdomo tiene censados a 21.493 habitantes y una deuda de 30,9 millones de euros. Perdomo subraya, no obstante, que la situación financiera es delicada, pero asumible gracias a la buena gestión de los recursos. “Estamos realizando una ambicioso plan de mejora de las infraestructuras ligadas a los deportes náuticos, como el surf o el kite surfing, y están poniendo en marcha distintas iniciativas para renovar una planta hotelera que en algunos casos estaba obsoleta”.
Y buena parte de estas actuaciones se financian, tal y como reconoce Perdomo, a través de la concesión a empresas privadas de la explotación de 10 chiringuitos, 37 zonas de hamacas y 13 sectores deportivos. Los adjudicatarios también se encargan de realizar las tareas de limpieza y vigilancia de la zona del litoral que le corresponde. El concurso aporta a las arcas municipales en torno a tres millones de euros anuales, de los que dos provienen de la aportación directa de los adjudicatarios a través de un canon y otro millón por los servicios que el Ayuntamiento ha dejado de prestar directamente, que son limpieza y vigilancia de playas.
Fuente: cincodias.com
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