El saqueo al que fueron sometidas las
arcas públicas durante la construcción del parque temático Terra Mítica
por un rosario de particulares y empresas está listo para ser juzgado.
El magistrado de instrucción número 3 de Valencia, donde se ha llevado
el caso, dictó el pasado 10 de febrero la apertura de juicio oral en la
Audiencia Provincial de Valencia contra 35 personas y 26 empresas que
supuestamente organizaron una trama para defraudar a Hacienda.
En realidad, este es el primer caso
serio de corrupción de la Comunidad Valenciana que acabó en los
tribunales cuando en 2005 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana dio trámite a una denuncia de la Agencia
Tributaria y presentó entonces una querella contra 17 empresas y 25
personas físicas por un supuesto fraude en los ejercicios 2000 y 2001
del Impuesto de Sociedades y del IVA a través de un entramado de
mercantiles que organizaron un red de factura falsas. La denuncia
acercaba el valor de lo defraudado a los 4,5 millones de euros.
La instrucción ha acabado sentando en el
banquillo a 35 personas, autoras directas o cooperadoras necesarias,
entre ellas las cuatro que componían la cúpula directiva de Terra Mítica
en aquella época, y a 26 empresas como responsables subsidiarios, por
los supuestos delitos de estafa, administración desleal o apropiación
indebida contra la Hacienda pública, falsificación y blanqueo de
capitales. Para no contaminar el proceso con recursos de los implicados,
del procedimientos han quedado excluidos tres investigados porque dos
no han podido ser localizados durante la instrucción y otro está
incapacitado para declarar.
Los cuatro primeros y principales directivos del parque temático que se
sentarán en el banquillo para enfrentarse a penas de prisión de entre
siete y diez años son el expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban; su
exdirector general, Miguel Navarro; Justo Valverde, cuñado del
expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que era jefe del
departamento de Contratación; y Antonio Rincón, ex director técnico del parque. Los miembros de las empresas acusadas también se enfrentan a multas y penas de prisión desde
cinco años y siete meses hasta los 53 años y cuatro meses, que es la
pena más alta solicitada por el fiscal para Antonio Vicente Moreno
Carpio, administrador y gerente de varias sociedades implicadas en la
trama.
El juez ha dictado dictado que todos ellos aporten fianzas
solidarias que suman un importe conjunto de 11.098.901 euros. La más
alta, de 2.027.269 euros, se la pide a la empresa C3 Ingeniería de la
Construcción y del Medio ambiente, de Vicente Conesa, por un delito
contra la Hacienda pública en la declaración del impuesto de sociedades
del año 2000. Para los cuatro directivos y Antonio Moreno Carpio, el
mismo Conesa, Jesús Vicente Pascual y José Luis Rubio solicita una
fianza de 1.792.062 euros por un delito continuado de estafa.
Aunque al principio la investigación se
centró en los años 2000 y 2001, la instrucción ha permitido actuar
contra la empresa Ecyser entre 2002 y 2004. La fianza reclamada a esta
empresa por el juez para afrontar la futura responsabilidad de esta
firma por los supuestos delitos contra la Hacienda pública por el
impuesto de sociedades e IVA es de casi tres millones de euros.
Según el escrito de acusación de la
Fiscalía, Miguel Navarro y Justo Valverde contactaron con Conesa para
lucrarse a través de la contratación de trabajos que no pudiera
controlar el parque. Navarro, persona de absoluta confianza de Zaplana,
también fue el máximo responsable de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias.
La Abogacía del Estado ya solicitó a
finales del año pasado penas de seis de años de prisión para los
directivos que pusieron en marcha el parque por la emisión de facturas
de trabajos no realizados. También solicita para ellos una multa
de 370.770 euros.
Fuente: lamarinaplaza.com
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