Solo tres minutos tardó Enrique Soriano Tapia en rechazar la oferta. Una voz anónima le extendía un cheque en blanco. Dinero por cerrar la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana que preside. El protagonista de esta historia desconoce quién marcó su móvil en septiembre. Pero cree que, de aplicarse un principio básico de la investigación criminal —a quién beneficia la desaparición—, surgirían varios nombres. La minúscula organización que creó hace diez meses para apartar las manzanas podridas del poder se ha convertido en el martillo del presidente valenciano Alberto Fabra. Un día airean que su consejero de Gobernación, Serafín Castellano, enchufó supuestamentea una treintena de familiares y militantes del PP. Otro, que la abogada de la Generalitat gastó 7.000 euros en móvil. Y un tercero impulsan una querella por malversación para condenar que el dinero público costeó hoteles de la asesora más próxima al barón popular, Esther Pastor. “En Valencia estamos desbordados”, proclama Soriano, que dice tener intervenido uno de sus dos móviles.
Fue el hastío lo que empujó a este sexagenario a montar su cruzada contra el político deshonesto. Se le ocurrió durante un almuerzo con una veintena de amigos. EL PAÍS había publicado la contabilidad secreta del extesorero del PP Luis Bárcenas. Y los tribunales autonómicos concentraban las investigaciones del caso Gürtel, del saqueo millonario de la principal depuradora de Valencia o del presunto pelotazo urbanístico que hostiga desde hace tres años a la alcaldesa popular de Alicante, Sonia Castedo.
Soriano cree que para ver la paja en el ojo ajeno hay que tener la vida solucionada. Se dedica a comprar maquinaria de constructores españoles atenazados por las deudas y venderla en Brasil. Factura un millón al año. Y solo le desvela que uno de sus dos hijos, veterinario de formación, hiciera las maletas rumbo a Inglaterra. Él recorrió Polonia, Rumania y Ucrania en 2007 cuando olfateó el desplome del titán inmobiliario.
Para levantar las alfombras, llamó al gestor Antonio Hinojo un amigo que le asesoró hace dos décadas en su antigua empresa de mantenimiento de barcos. Alquilaron por 400 euros un despacho de 25 metros a las afueras de Valencia. Y colgaron un cartel con unas siglas, AC. Hoy, la asociación dice tener un presupuesto de 7.000 euros y 40 socios. Ocultan su identidad para “evitar represalias”.
Su jornada laboral dura tres horas diarias. Arranca con la lectura de la prensa. Después, llegan las reuniones con los cuatro abogados que esta semana ultimaban cinco nuevas querellas contra el entorno de Fabra. Una vez por semana viajan a Madrid para despachar con los letrados del pseudosindicato Manos Limpias, sus aliados. Han aprendido derecho por obligación. “Yo antes no sabía qué era un imputado. ¿Por qué un diputado es aforado?”, se pregunta Soriano, que no milita en ningún partido.
A la puerta del número 26 del acristalado edifico Géminis tocan cada semana sus clientes. La ingeniera agrónoma Paloma Coiduras acudió en julio para advertir de un presunto fraude en la concesión de ayudas comunitarias. La Fiscalía Anticorrupción pidió información a la UE. Y ahora Coiduras, funcionaria de carrera, se siente aislada en la Consejería de Agricultura de la Generalitat. “Me han apartado”, se queja. Una sensación de rara avis que también comparte la concejal del municipio valenciano de Carcaixent Ana Calatayud. Ella visitó la asociación hace tres semanas para denunciar “una rebaja de 80.000 euros” a una empresa en una licencia de obras municipal.
El peso de estos clientes resulta insignificante con la munición que aporta un confidente anónimo. Un topo con acceso a los departamentos de Presidencia y Hacienda de la Generalitat filtra a través de sobres sin membrete facturas de chocolatinas o la nómina de Fabra. No se fía de las nuevas tecnologías y siempre airea sus soplos por correo postal. La asociación, que se desmarca del espía, guarda copias de seguridad en lugares impensables de sus documentos más delicados. El protagonismo de la liga anticorrupción nutre toda suerte de especulaciones. “No estamos con Rafael Blasco”, zanja Soriano en referencia al exconsejero de Fabra que se sienta estos días en el banquillo por pilotar el saqueo de fondos de la Generalitat destinados a Latinoamérica. La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà añade una clave. “Blasco no morirá sin matar. Maneja mucha información”. Y el socialista Josep Soriano defiende la labor de los topos. A él uno le envió a su despacho del Parlamento autonómico el contrato que firmó la desaparecida Canal 9 para emitir los grandes premios de Fórmula 1.
En este escenario de espías y secretos se mueve Soriano, un hombre que iba para futbolista profesional hasta que una lesión le sacó de la cantera del Valencia CF. Hoy, coge aire para denunciar algún día los chanchullos nacionales. Y tiene un lema. “Si no quieres que se sepa algo, no lo hagas”.
Fuente: elpais.com
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