Benidorm se lleva la cumbre de directivos de Nissan Europa

Benidorm se convertirá durante mes y medio en el centro de operaciones de uno de los gigantes mundiales de la industria del automóvil, Nissan. La marca japonesa ha escogido al municipio alicantino para albergar su cumbre de directivos europeos, un evento que reunirá a unos 8.500 empleados de la compañía hasta mediados de julio. El enclave seleccionado es el Meliá Villaitana, el complejo de cinco estrellas situado junto a Terrá Mítica. De este modo, Benidorm se posiciona de forma sólida como destino preferente también del turismo de congresos.

El desembarco masivo de Nissan ya ha comenzado, lo que ha obligado al aeropuerto de Alicante-Elche a incrementar su capacidad para dar respuesta a la llegada de los delegados de la firma nipona. De hecho, la base alicantina ha empezado a recibir esta semana una serie de vuelos adicionales, procedentes de toda Europa, con motivo de la celebración del evento de Nissan.

Según datos del aeropuerto, en total se gestionarán 140 vuelos de llegada y de salida, que transportarán a 17.338 pasajeros, todo ello hasta el día 12 de julio. Se trata de vuelos que conectarán con 32 aeropuertos europeos, de 19 países, entre los que se encuentran Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Polonia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Bélgica, Eslovaquia, Letonia y Portugal.

El aeropuerto de Alicante-Elche ha puesto en marcha un operativo especial para facilitar la llegada y salida de los pasajeros convocados al evento, asignando una misma cinta de recogida de equipajes para estos vuelos y destinando mostradores de facturación específicos.

Asimismo, el aeropuerto ha reservado una zona habilitada para que autocares y vehículos autorizados puedan recoger al pasaje cómodamente. A lo ya programado para la temporada de verano por las compañías aéreas, vendrán a sumarse la programación de hasta tres vuelos diarios más hasta mediados de julio.

No es la primera vez que el hotel Villaitana acoge una cumbre de esta envergadura. A principios de 2011, el complejo albergó un encuentro internacional del fabricante automovilístico Mercedes Benz. Unos 14.000 delegados de toda Europa se dieron cita para un encuentro de formación sobre sus nuevos modelos, denominado Eurotraining. El evento se celebró desde enero hasta abril.

El otro gran centro de eventos de Benidorm es Terra Mítica. El parque temático ha apostado por la diversificación de áreas y actividades, y la celebración de eventos, reuniones y congresos de empresas. Compañías como Phillip Morris, Volkswagen, Mercedes, Coca-Cola, Zoetis, Menarini, Teva, la tabacalera Altadis, gigantes de la alimentación como Unilever o Puleva, además de BBVA, Plus Ultra y Orange, han celebrado también eventos y actos corporativos en Terra Mítica.

Fuente: elmundo.es

Pasarelas y baldosas rotas se acumulan en el Paseo de Poniente a las puertas del verano

Sus arquitectos definieron el paseo de Poniente de Benidorm como un «paradigma» de cómo se debe actuar en el espacio urbano. Quizá en lo que se refiere a belleza, lo sea. Pero en cuanto a mantenimiento, trae de cabeza tanto a vecinos como a técnicos municipales. Y es que, a día de hoy, esta obra, laureada con varios premios internacionales, no deja de presentar desperfectos que no acaban de subsanarse: existen decenas de baldosas agrietadas o levantadas, las luces incrustadas al suelo están en su mayoría fundidas y, sobre todo, su peculiar paseo paralelo en la arena está repleto de maderas reventadas que lo convierten en un auténtico peligro público para los viandantes.

«Un día de estos se mata alguien allí. El otro día se cayó una mujer que venía a la playa», afirma una bañista señalando a una zona de esta tarima de madera que está destrozada y que la han acotado, simplemente, con una valla y un par de cintas. Los listones están en su mayoría rotos, astillados e incluso presentan algún que otro clavo suelto. Un informe de hace cuatro años precisaba que, según el proyecto de ejecución con el que la Generalitat adjudicó la obra, la madera que se debía utilizar tenía que ser de ipé, un material tropical que se emplea en exteriores y que presenta una gran resistencia. La que finalmente se usó, según este documento, era de pino, que se emplea en exteriores pero es mucho más suave, voluble y con mayor facilidad para sufrir desperfectos. Además, su precio en el mercado es tres veces más barato.

El presidente de la asociación de vecinos de Poniente, Christian Corraini, asegura que es una vergüenza que «un paseo que se está exportando a todas las partes del mundo para promocionar la ciudad se encuentre en estas condiciones. Después los turistas llegan y se encuentran con esto». Corraini comenta que hoy, en el pleno del Consejo Vecinal, expondrá esta situación, «que ya se alarga demasiado tiempo», teniendo en cuenta que la primera fase de este paseo se culminó en 2009, y al año ya comenzaron a florecer los primeros problemas. Para el presidente de los vecinos de Poniente se deben, por un lado, a los materiales que se utilizaron para acometer la obra, «los cuales es evidente que no fueron los adecuados».

Por otro, considera que los chavales con monopatines y las personas de avanzada edad con sus sillas motorizadas también perjudican el estado del suelo a pesar de que esté prohibido que circulen por allí. Pero sobre todo, para Cristian Corraini el conflicto reside en que desde las administraciones públicas no se están preocupando en tenerlo en perfectas condiciones.

Un pacto «salomónico»

La concejal de Escena Urbana y teniente de alcalde de Benidorm, Gema Amor, subrayó que aunque la Generalitat tenga cierta «dejación» con este paseo, «el Ayuntamiento está muy encima». Cabe recordar que la obra la financió el Consell pero aún no la ha entregado al Consistorio. Para Amor, al ciudadano «no le importa de quién sea la responsabilidad, lo que no quiere es encontrarse con este problema». Por esa razón, la teniente de alcalde sostiene que su equipo ha cambiado en los últimos meses más de 100 baldosas que estaban en malas condiciones o directamente ya no existían. «También, la Generala se ha encargado de la poda de la vegetación, aunque esto no venía incluido en su contrato. Corresponde a ese 25% que no se le ha reducido de la concesión, y que se ha dedicado a otras labores», argumenta.

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, destaca que se ha llegado a un pacto «salomónico» con Conselleria para que el Ayuntamiento se haga cargo de los pequeños desperfectos: las baldosas, las luces fundidas, las zonas de jardín...; a cambio de que la Generalitat se comprometa a pintar el muro del frente fachada y a remplazar las tarimas de madera. Como medida preventiva, como esta obra «no les da tiempo a acometerla este verano», el Consistorio cubrirá de arena las zonas que estén muy deterioradas. También calzará otras, con tierra por debajo, que han quedado al vuelo. Es decir, que entre la zona de paso y la playa, hay un espacio descubierto en el que se ubica toda la luminaria. Lo que todos esperan es que, después, el Consell cumpla su parte del trato.

Fuente: diarioinformacion.com

La Policía Nacional detiene en Benidorm y Torrevieja a dos individuos reclamados por Reino Unido y Bélgica

La Policía Nacional ha detenido en los municipios alicantinos de Benidorm y Torrevieja a dos individuos varones, de 40 y 48 años de edad, los cuales tenían órdenes europeas de extradición y entrega en vigor, por las autoridades del Reino Unido y Bélgica respectivamente.

La pasada semana, los agentes tuvieron conocimiento, a raíz de una serie de investigaciones policiales, que dos individuos reclamados por sus respectivos países podrían estar residiendo en la provincia de Alicante.

Por tal motivo, la unidad especializada en la localización de fugitivos de la Comisaría Provincial de Alicante, estableció un dispositivo policial al objeto de lograr la localización, identificación y detención de los huidos.

Tras varios días de investigaciones y pesquisas policiales, se logró cercar la ubicación de los prófugos, uno en la zona de Benidorm y otro en Torrevieja.

OEDE de Reino Unido y reclamación judicial

El primero de ellos, nacido en el Reino Unido, fue detenido en la localidad de Benidorm. Resultaba ser el autor en este país de un total de diez hechos delictivos, siendo nueve de éstos, delitos de robo con allanamiento de morada, en las que sustrajo importantes objetos de valor, y el otro, por delito de hurto. Estos delitos tienen penas previstas de 14 y 7 años respectivamente.

Igualmente, este individuo tenía interesada una orden de búsqueda, detención y personación por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Uno de Benidorm por motivo de tentativa de homicidio.

OEDE de Bélgica

El segundo detenido, de origen belga, fue detenido en la localidad de Torrevieja. Éste formaba parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, actuando como mediador con Sudamérica, desde donde se realizó un envío de cocaína de 1.172 Kilogramos de cocaína.

Las detenciones han sido practicadas por el Grupo de la U.D.E.V. de la Comisaría Provincial de Alicante.

UPyD consigue que Hacienda reconozca el fraude fiscal del PP con las donaciones ilegales

La Dirección General de Tributos acaba de echar por tierra la llamativa conclusión a la que llegaron los dos inspectores de Hacienda encargados de informar sobre los posibles delitos fiscales del PP derivados de los papeles de Bárcenas. Estos dijeron que las donaciones ilegales que contempla la contabilidad b están exentas de tributar y ahora Hacienda se contradice y señala que sí deberían haber pagado por ellas. El juez que instruye el caso, Pablo Ruz, podrá contrastar ambas conclusiones.

UPyD, en una consulta al departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, ha recibido como respuesta que los donativos ilegales no pueden estar amparados por ninguna excepción recogida en la Ley 8/2007 que regula su financiación. En concreto, la DTG indica en su informe que "a efectos de determinar el alcance de los conceptos de rentas relacionadas en el artículo 10 de la Ley [donaciones] (...) tales rentas deberán cumplir las condiciones reguladas en dicha ley". Y esas condiciones, incumplidas por el PP según la investigación judicial, eran que las donaciones no podían superar los 60.000 euros y no podían proceder de empresas que contrataran con las administraciones públicas.

Esta conclusión contradice lo manifestado por los inspectores de Hacienda, que avalaron que las donaciones ilegales podrían tener idéntico trato fiscal que las legales, es decir, rentas exentas del pago de impuestos, y por tanto el PP no habría cometido ningún delito fiscal. UPyD, que intentó personarse sin éxito en la causa de los papeles de Bárcenas, ha hecho aflorar las contradicciones de la AEAT al pedir una consulta vinculante a Hacienda para que aclarase si, en particular, una donación "que no cumpla los referidos requisitos legales puede considerarse como renta exenta a los efectos del art. 10", de la citada ley. Es decir, que figuren en la contabilidad oficial, que se aprueben y que coincidan ingresos con gastos.

En su informe de septiembre de 2013, la Agencia Tributaria señaló: "La consecuencia jurídica del incumplimiento prevista legalmente no afecta a los beneficios fiscales que se regulan para los partidos políticos". Es decir, Hacienda, pese a considerar que esas donaciones eran ilegales, no vio delito en no declararlas y no pagar el impuesto de sociedades por esos ingresos.

Ahora, del informe emitido para UPyD por la Dirección General de Tributos, "queda claro que sólo los donativos que cumplan la ley gozarán de la exención establecida en el artículo 10 de la indicada Ley. Y, en consecuencia, de ello se deduce necesariamente que aquellas donaciones utilizadas por el partido político que incumplan alguno de los requisitos legales (importe, origen de contratistas públicos, no contabilización) no pueden estar exentas, debiendo tributar al 25%", tal como señala la formación que lidera Rosa Diez en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional.

Tanto el propio Ruz como la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia rechazaron la interpretación de Hacienda que la Audiencia llegó a calificar de "simplista".

Presentar una consulta ante el fisco es una facultad que tienen los contribuyentes de plantear cualquier duda interpretativa relacionada con el pago de impuesto y, como recuerda la formación magenta, "conlleva la consiguiente obligación por parte de la administración de contestar mediante una respuesta que tiene naturaleza vinculante y cuyos efectos son extensibles igualmente a terceros, siempre que exista identidad en los hechos y circunstancias".

Fuente: upyd.es

Cita con la actualidad con la participación de Rodrigo Quesada como tertuliano

Blasco, condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por el caso Cooperación

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, ha sido condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en el denominado caso cooperación, según informa el Tribunal Superior de Justicia.

Blasco fue juzgado junto a otros ocho procesados, todos ellos condenados, entre enero y marzo de este año en el TSJCV por la pieza primera del caso cooperación, referida al supuesto desvío de fondos públicos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua.

El empresario Augusto César Tauroni, el único procesado que se encontraba en prisión, desde el 23 de febrero de 2012, también ha sido condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación.

Al presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) -sin relación con la constructora del mismo nombre-, receptora de 1,8 millones de subvenciones para Nicaragua donde solo llegó el 3 %, Marcial López, se le condena a 4 años de cárcel, por el delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con falsedad, 4 años de inhabilitación y multa de 6 millones de euros.

Además, se le prohíbe recibir subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social en seis años.

La exsecretaria administrativa de la Conselleria Tina Sanjuan ha sido condenada a siete años y medio de cárcel, y diecisiete años y medio de inhabilitación, por malversación, prevaricación y falsedad.

El exjefe del Área de la dirección general de cooperación Marc Llinares ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, once años de inhabilitación y multa de 6.750 euros, por cooperación en prevaricación administrativa y falsedad.

El exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá tendrá que cumplir una pena de cuatro años y medio de cárcel, y siete de inhabilitación, y pagar una multa de 6.750 euros, por prevaricación administrativa en concurso con falsedad documental.

El exjefe de gabinete de Blasco Javier Llopis ha sido condenado a tres años de prisión, dos de inhabilitación y multa de 2.700 euros por falsedad documental.

El exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip, el único ex alto cargo sin pena de cárcel, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

La pareja sentimental de Marcial López y secretaria de la mercantil Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos (ACIP), María Josefa Cervera, ha sido condenada a tres años y medio de cárcel por fraude de subvenciones en concurso con delito de falsificación.

También se impone a Cervera una multa de cuatro millones de euros y la prohibición de recibir ayudas, subvenciones o incentivos fiscales en cinco años.

El tribunal condena a Tauroni, López y Cervera, los únicos que no eran altos cargos del Gobierno valenciano, al pago conjunto y solidario de una indemnización a la Generalitat de casi 1,8 millones de euros.

Fuente: diarioinformacion.com

El Tribunal de Cuentas investiga el pago irregular de pluses y dietas en el Consistorio

La gestión del Ayuntamiento de Benidorm en materia de personal entre los años 2011 y 2012 ha llevado al Tribunal de Cuentas a abrir una investigación para esclarecer la posible existencia de responsabilidad contable por el pago irregular de gratificaciones, pluses, servicios extraordinarios y dietas a trabajadores, ediles y cargos de confianza, y cuyo alcance económico podría superar los 1,3 millones.

El departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento de dicho tribunal, con sede en Madrid, ha nombrado a un instructor y ha abierto diligencias para investigar todos estos hechos, a raíz del Informe de Fiscalización de los gastos de personal de los ejercicios 2011 y 2012 elaborado por la Sindicatura de Cuentas.

Dicho informe, publicado por el órgano auditor de la Comunidad Valenciana el pasado 31 de enero, ya alertaba de la existencia de presuntos indicios de responsabilidad contable y anunciaba su intención de remitir la documentación obrante en dicho expediente al Tribunal de Cuentas, que es quien tiene competencias para juzgar en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de bienes o caudales públicos.

Entre las irregularidades detectadas por la Sindicatura que han llevado al Tribunal a iniciar esta investigación figuran hasta seis incumplimientos de la normativa aplicable. En primer lugar, constata la vulneración de los límites fijados por el pleno, en las bases de ejecución de los presupuestos municipales de 2011 y 2012, para el pago de complementos de productividad y de las gratificaciones, que el Ayuntamiento excedió por un importe de 233.869 euros y 127.969 euros, respectivamente. En este apartado, el informe destaca que «no consta que el pleno haya aprobado dichas cantidades pagadas en exceso sobre lo aprobado» y que, en la mayoría de casos, las mismas no estuvieron debidamente justificadas.

Otro de los asuntos bajo sospecha es que el gobierno local habría incumplido el ya famoso acuerdo del pleno de abril de 2012, en el que se aprobó una rebaja salarial del 15% a personal del gobierno y eventuales, y pese a la cual el alcalde, Agustín Navarro, estuvo durante más de año y medio cobrando de más. En este apartado, la Sindicatura cifró el desvío en 16.000 euros, aunque el gobierno local después elevó la cuantía a unos 26.000 y ya se ha acordado cómo los devolverá.

El tercer incumplimiento detectado que investigará el Tribunal de Cuentas es relativo al pago de servicios extraordinarios a funcionarios, entre los que la Sindicatura detectó hasta 42 abonos por este concepto sin autorización o informes previos y, en algunos de los casos, con justificaciones que se remontan hasta cuatro años antes del pago. Según los datos de la auditoría, el interventor puso reparos en numerosos abonos, que en 2011 y 2012 alcanzaron la cuantía total de 82.964 y 40.318 euros, respectivamente.

Dentro de este tipo de servicios extraordinarios, el informe hace especial mención a la gratificación que se abona mensualmente a la Policía Local por servicios de bolsa, cuyo importe ascendió en las anualidades examinadas a 550.752 euros y 318.056 euros. Para la Sindicatura, este tipo de gratificaciones representa una «retribución periódica» y no una compensación por servicios extraordinarios, lo que incumpliría el acuerdo de condiciones del personal y de la Ley de Función Pública (LFPGV) 10/2010.

Los dos últimos aspectos que se investigarán dentro de las diligencias acordadas por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas son el pago de dietas a concejales sin dedicación exclusiva por la asistencia a la Comisión de Hacienda sin que se remitiera al departamento de Nóminas ningún acta de asistencia ni otro tipo de justificación; así como el pago de hasta 6.224 euros en concepto de «indemnización por fin de contrato» por el cese de 18 cargos de confianza del gobierno local durante el año 2012 y hasta 2013, dentro de las «rotaciones» introducidas por el PSOE para dar cabida a todos sus afines en el Consistorio. Para la Sindicatura, estos gastos incumplen el artículo 19 de la LFPGV, que establece que para el personal eventual no está previsto ningún tipo de indemnización.

Embargo de bienes

Un auto del Tribunal, fechado el 25 de abril, rechaza las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento en las que pedía el archivo de la causa y, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, procede al nombramiento de un instructor para la práctica de las diligencias previstas en el artículo 47 de la Ley 7/88 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Este artículo abre la vía, entre otras, a que pudiera decretarse el embargo de los bienes de quienes se consideren responsables de los hechos investigados.

Fuente: diarioinformacion.com