Hace ya 46 años que Julio Iglesias ganó el Festival de la Canción de Benidorm con la melodía ‘Todo sigue igual’. Y poco más o menos así, con todo igual, sino peor, sigue también la ciudad desde hace una década, si no más tiempo, soportando e intentando resolver los mismos problemas y haciendo pompas de jabón -que se desvanecen con su propio contenido- para enmarcar los asuntos pendientes de resolver. La ciudad está atrapada en un Consistorio que se ha convertido en una gran burbuja ajena a la más que evidente urgencia de darle un giro copernicano a la política de boina y pandereta que la constriñe.
Los ediles viven impasibles un día a día más propio de la planta funcionarial y de las consiguientes fotografías que genera esa actividad que de coadyuvar a ejercer de la palanca que impulse las grandes cuestiones que son, en definitiva, las que deben crear las condiciones para que se produzca el gran cambio que necesita la capital turística valenciana. ¿O cuál es, si no crear la condiciones necesarias, el papel de las administraciones en una economía de mercado como la que se manejan?
Sin embargo, la política local se ha visto reducida al intento de unos y otros de generar sospechas sobre la gestión económica y urbanística, la pasada y la presente, hasta el punto de que cualquier factura es ya objeto de debate sobre la procedencia o la conveniencia del gasto. ¿Por qué será que la mitad de la cuadrilla no se fía de la otra mitad? En Benidorm, todo está en cuestión, y la última muestra es la adjudicación del festival Low, o como quiera que se pretenda llamar. Lo cierto sobre este asunto es que ningún gobierno debería tomar en solitario decisiones en 2014 hasta 2020 que afectan a tres periodos administrativos (2011-2015, 2015-2019 y 2019-2023), si bien se enfrenta a una oposición que parece enajenada y se ha instalado en la creencia de que la organización de un festival debería salir a concurso público, lo que no sucede en ningún lugar del mundo.
Los políticos locales siguen convencidos -y si no es así, disimulan muy bien- de que un buen puñado de vecinos y los periodistas no saben -o sabemos- a qué se deben algunos de los eternos problemas de la ciudad, muchos de ellos, pero no todos, vinculados al empresario (o lo que quiera que sea) Enrique Ortiz, y el porqué de sus causas. Y, además, piensan que nunca lo acabaremos de conocer. Aviados van.
¿Cómo es posible que lleve más de una década empantanado el plan parcial Armanello sin que nadie haya tenido la capacidad para poner a todo el mundo en su sitio? La construcción de casi dos decenas de nuevas torres de casi 30 alturas y la urbanización de todo ese sector habría sido y sería hoy otro polo de riqueza para Benidorm. Y lo único que ha sucedido es que ese espacio físico, y con él la ciudad, se ha ido degradando con el tiempo sin que ahora mismo ni siquiera sepamos quién es el responsable de urbanizar la zona. Pero es que aunque lo supiéramos, ¿qué banco va a poner en estos momentos de crisis centenares de millones de euros para desarrollar tal volumen de edificabilidad?
El mismo empresario, al que tanto ha jaleado sobre todo el PP local, ha empantanado y dejado en evidencia al Ayuntamiento y la ciudad, que ahora tiene una estación de autobuses ilegal con la concesión anulada. Y todo el espacio del polígono industrial, casi totalmente urbanizado, ahora mismo convertido en un vertedero para desalmados. Es especialmente cruda esta realidad, que tiene por acabar el principal acceso a la ciudad, pero no por eso. Miles de empleos esperan que aquella zona sea finalmente habilitada, sobre todo para la construcción de un centro comercial, y para que se den de una vez las condiciones idóneas que faciliten que otras empresas puedan instalarse en un suelo clasificado de la ciudad.
Su desarrollo contribuiría notablemente a diversificar la actividad económica incluso dentro del sector servicios, pero lejos de resolverlo y desbloquearlo, Ortiz optó una vez más por los juzgados, que es donde mejor se maneja.
Y el mismo empresario tiene otro suelo de 132.000 metros sin desarrollar para usos hotelero y turístico que le compró a Terra Mítica cuando el parque era público para levantar su suspensión de pagos. O el suelo de El Moralet, que ahora reclama que le expropie el Ayuntamiento por casi 6 millones de euros.
Ortiz solo le ha traído a Benidorm ruina y desasosiego. El desarrollo de la ciudad y su futuro no dependen ahora mismo de un nuevo Plan General, ni de vender humo en forma de pista de esquí cubierta, centro de alto rendimiento deportivo, la futura llegada del AVE o del tren de la costa, realidades tan lejanas como que la ciudad se llene de millonarios rusos. Desgraciadamente, depende de Ortiz.
Pero una ciudad cuyos políticos ni siquiera han sido capaces de conseguir el suelo para el parque de Foietes -donde se han producido maniobras muy extrañas en su gestión- para desarrollarlo con fondos del Plan Confianza que se aprobó en 2009, hace cinco años, y cuyos responsables no han hecho más que engordar la deuda municipal hasta llegar a deberle solo a los bancos 120 millones de euros, es una ciudad fallida.
El centro de estudio ‘Fund for Peace’ considera a un estado fallido cuando:
- Pierde el control físico de su territorio. Y en Benidorm, el Consell tiene 10 millones de metros donde hace y deshace,
- Se erosiona la autoridad legítima en la toma de decisiones, que en el caso de Benidorm están al menos condicionadas por intereses familiares y empresariales.
- Existe incapacidad para suministrar servicios básicos. No hace falta recordar la realidad económica y la necesidad de recortar en las contratas de la basura o los jardines, más allá de que la casi totalidad de esos servicios los prestan empresas privadas.
- O para interactuar con otros estados. Piensen en este punto en las relaciones que mantiene Benidorm con otras administraciones.
A poco que reflexionen sobre la aplicación de estos parámetros a la actividad municipal, se darán cuenta de que Benidorm está muy cerca de ser una ciudad fallida. O, para ser más exactos, de tener un gobierno fallido, porque lo que es la ciudad y su actividad turística, eso ya funciona solo por su incontestable capacidad para competir como destino debido a los precios, el clima, sus parques y las playas que ofrece. Al fin y al cabo, Grecia podría considerarse un Estado fallido y sigue siendo un destino turístico de primer orden mundial.
Con esta realidad, estar hablando en pleno 2014 de la ordenanza que regule los paravientos, de si licitar o no un chiringuito, de la señalización de unas calles, de si privatizar o no un gimnasio y una piscina, de si montar o no una oficina para revisar el PGOU, de si se amplía o no la zona azul… En fin, de las cosas cuya tramitación debería recaer sobre los funcionarios municipales tras una simple instrucción política, parece una broma comparado con la incapacidad general para, por ejemplo, concluir el mamotreto del centro cultural en la Avenida de Europa, la totalidad del paseo marítimo de Poniente o los infames y en algún caso infectos, accesos a la ciudad por norte, sur y oeste.
Los políticos locales se han ahogado en el día a día que se genera dentro de un edificio, es decir, en un vaso de agua. A tal punto ha llegado Benidorm que sus responsables parece que viven más pendientes de la figuración en actos festivos y procesionales que de la verdadera gestión municipal, inmersos en una suerte de populismo cortijero.
Y la cuestión es que no queda mucho tiempo. Vaya por delante que si nada se hace, Benidorm seguirá siendo un destino de éxito, eso nadie lo va a impedir. Pero si el objetivo es que pase el tiempo, para eso no hacen falta alforjas políticas. Total, en la considerada capital turística peninsular, para hacer los 6 kilómetros de la duplicación de la variante en la N-332, el Gobierno de España ha tardado 5 años, casi un año por kilómetro. Y nadie, nunca, ha protestado. Es lo que hay.
